El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido cautelarmente la licitación de Renfe para crear una empresa mixta de autobuses, paralizando así el proceso recién lanzado por el operador ferroviario en busca de un socio privado del sector.
El TACRC, dependiente del Ministerio de Hacienda, fundamentó su decisión en la necesidad de evitar «perjuicios de difícil o imposible reparación» si el proceso de contratación seguía su curso antes de resolverse el fondo de las reclamaciones.
La suspensión llega un día después de que Renfe comenzara a entregar los pliegos técnicos —de carácter confidencial— a las empresas interesadas, y con las propuestas ya presentadas por grandes operadoras como Alsa, Avanza y Monbus.
El origen del conflicto
Renfe pretende constituir una sociedad mixta —con el 51% en manos del socio privado y el 49% en las de Renfe— para gestionar los servicios alternativos por carretera cuando las líneas ferroviarias sufren interrupciones.
Las patronales Direbús, Fenadismer y Anetra, que representan a pymes del sector, recurrieron el proceso al considerar que los requisitos del pliego —flota mínima de 500 autobuses si se presenta en solitario, ingresos de 75 millones de euros y presencia en varias comunidades— excluían al 99% de las empresas españolas de transporte de viajeros.
Direbús valoró positivamente la medida y la calificó de «paso clave para evitar un perjuicio grave al conjunto del sector», reclamando a Renfe que convoque una nueva licitación por lotes, tal y como hacen otros organismos de la administración central.
Su presidente, Alfonso Taborda, subrayó que la mayoría de las empresas asociadas opera con entre 20 y 60 vehículos, por lo que exigir un mínimo de 300 (si se presenta en consorcio) «favorece a un grupo muy reducido de grandes empresas».