Renfe estudia interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicada el 31 de julio, sobre la denuncia presentada por Iryo contra Renfe Ingeniería y Mantenimiento.
El conflicto tiene sus orígenes en julio de 2024, cuando Iryo solicitó realizar en régimen de autoprestación la intervención de mantenimiento pesado R2 de sus trenes ETR1000 en talleres de Renfe.
Negociaciones interrumpidas por Renfe
Tras 18 meses de negociaciones con Iryo y Hitachi Rail, mantenedor de su flota, Renfe comunicó el 19 de febrero de 2026 la denegación del acceso a las bases de mantenimiento integral (BMI) de La Sagra y Valladolid, a pocos días del inicio previsto de los trabajos.
La CNMC considera que Renfe sí ofreció servicios de mantenimiento pesado y que, al retirar la oferta sin una justificación objetiva suficiente, incumplió las obligaciones de transparencia y no discriminación previstas en la normativa ferroviaria. El regulador sostiene, además, que debió coordinar las solicitudes, estudiar alternativas y aplicar criterios objetivos de prioridad.
La resolución obliga a permitir durante el tiempo estrictamente necesario el acceso de los trenes de Iryo a La Sagra para que Hitachi realice el desmontaje y montaje de los bogies en autoprestación. Sin embargo, rechaza imponer a Renfe el mantenimiento de los bogies en Valladolid o la ejecución autónoma de todas las operaciones de la intervención R2.
Cuando ILSA adjudicó a Hitachi el mantenimiento de los trenes en octubre de 2021, el mantenedor aseguró a Trenvista que realizaría los trabajos en instalaciones propias ubicadas en las proximidades de Atocha. Sin embargo, esos talleres no llegaron a construirse.
Capacidad industrial comprometida
Renfe defiende que la capacidad industrial de sus talleres está comprometida con el mantenimiento de su propio parque móvil. Según el operador, las instalaciones, los equipos críticos (como los bajabogies), el personal cualificado y los márgenes necesarios para atender incidencias condicionan directamente la recuperación de los trenes y la continuidad tanto de los servicios comerciales como de los sujetos a obligaciones de servicio público.
Aun así, Renfe negoció dar acceso a sus instalaciones. Sin embargo, el operador público defiende que nunca se formalizó ningún contrato, por lo que la negociación no es vinculante.
¿Qué son los trenes OSP y en qué se diferencian de los comerciales?
La compañía subraya que la medida no supone una apertura general ni permanente de La Sagra y reivindica que la liberalización ferroviaria debe acompañarse de inversiones propias en instalaciones y mantenimiento por parte de todos los operadores.
La resolución de la CNMC puso fin a la vía administrativa, por lo que sólo puede recurrirse ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.