El Parlament de Catalunya aprobó el pasado miércoles 15 de abril iniciar la tramitación por lectura única de una proposición de ley que endurece el régimen sancionador contra el vandalismo en infraestructuras ferroviarias, especialmente los grafitis en trenes.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario del PSC, contó con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas —PSC, Junts, ERC, PPC, Vox y Aliança Catalana—, mientras que la CUP votó en contra y los Comuns se abstuvieron.
La propuesta modifica la Ley ferroviaria 4/2006 y establece tres niveles de sanción: multas de hasta 18.000 euros para infracciones leves, entre 18.001 y 90.000 euros para las graves —categoría en la que se incluyen las pintadas que obliguen a paralizar el servicio— y entre 90.001 y 900.000 euros para las muy graves, que afecten a la seguridad o dañen significativamente las infraestructuras.
Estas cifras triplican las sanciones máximas vigentes hasta ahora. La LSF española también tiene estos tres niveles, con sanciones de hasta 6.000€, 60.000€ y 600.000€ respectivamente.
El debate parlamentario estuvo marcado por las dudas sobre la eficacia real de la medida. Los Comuns advirtieron de que estas multas administrativas superan las previstas en el Código Penal para el mismo delito, mientras que ERC, pese a apoyar la iniciativa, exigió que el régimen sancionador se aplique también a Adif por incumplimientos en el mantenimiento de la red. El Govern aspira a que la norma entre en vigor antes del verano.