Adif Alta Velocidad ha dado el primer paso para aplicar la reforma de la Ley del Sector Ferroviario y prepararse para definir los cánones que cobrará a partir de 2024, cuando comenzará a aplicarse el cambio legislativo.
Para ello ha licitado la realización de un estudio que permita definir las tarifas tanto de Adif como de Adif Alta Velocidad.
Nuevo paradigma en los cánones ferroviarios
Tras la aprobación de la Ley 6/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, los cánones ferroviarios han sufrido un cambio en su naturaleza jurídica. Pasando de considerarse tasas a prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
La Ley 38/15, vigente hasta hace apenas dos meses, establecía que los cánones ferroviarios se consideraban tasas. Es decir, tenían naturaleza tributaria y, como consecuencia, eran regulados a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El procedimiento de la determinación de los cánones implicaba la elaboración de una propuesta por los administradores de infraestructuras, que era evaluada por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y sometida a consulta de las empresas ferroviarias.
Sin embargo, esto contradecía en cierto modo a La Directiva 2012/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único.
En dicha Directiva se especifica que el administrador de la infraestructura determinará el canon por utilización de infraestructuras. Por ello, en 2018 la Comisión Europea cuestionó la correcta transposición de la Directiva, entendiendo que determinar los cánones mediante la Ley de PGE limita la independencia de gestión de los administradores de infraestructuras.
La modificación flexibiliza la manera en la que se aplican los cánones
La reforma fue publicada en el BOE el pasado 20 de diciembre. Una de las principales novedades es la reforma del sistema de cánones ferroviarios, cuyo objetivo es flexibilizar dicho sistema, trasladando las competencias para la cuantificación de los cánones a los administradores de infraestructuras, que deberán hacer públicas las tarifas en la declaración anual sobre la red.
Tras la aprobación de las modificaciones, los cánones pasan a considerarse prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
Este nuevo paradigma permite la utilización de los cánones como un instrumento de gestión para el uso óptimo de la red. La modificación no sólo se cumple de forma más precisa con las exigencias comunitarias, sino que posibilita a los administradores de la infraestructura adaptar las tarifas en función de las circunstancias reales del mercado sin necesidad de esperar a los siguientes PGE.
Tras la aprobación de la Ley, Adif y Adif Alta Velocidad han comenzado a desarrollar una nueva estructura de cánones ferroviarios. En este contexto, ADIF Alta Velocidad ha publicado el pasado 3 de febrero la licitación para la realización de un estudio que permita la definición y estructuración económica de las tarifas de adición al canon ferroviario de ambos administradores de infraestructuras.
El estudio deberá evaluar los impactos de las mismas sobre la rentabilidad de la operación, las tarifas, la demanda, el uso de la infraestructura y los ingresos por cánones de Adif y Adif Alta Velocidad. El presupuesto base de licitación para la realización del estudio asciende a 250.000€ y el plazo de ejecución es de ocho meses. La resolución de la licitación se dará a conocer a principios de mayo.
De esta manera y tras la esperada reforma del Sector Ferroviario, se continúa avanzando en el proceso liberalización del sector.
