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ACS demanda al Estado por el AVE a Francia

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  • TP Ferro, compañía formada por ACS y Eiffage tiene  un fondo de maniobra negativo de 382,82 millones de euros.
  • ACS demanda al Estado por los malos resultados del tramo Figueras-Perpiñán.
  • Las únicas alternativas son el rescate bancario o de los contribuyentes.
ACS demanda al Estado por los  malos resultados del tramo Figueras-Perpiñán. Foto: yisris.
ACS demanda al Estado por los malos resultados del tramo Figueras-Perpiñán. Foto: yisris.

Si hace unos días hablábamos del primer aniversario del AVE a Francia, hoy esta conexión internacional vuelve a ser noticia por una causa bien distinta: ACS demanda al Estado por la quiebra técnica de la línea Figueras-Perpiñán.

Peores resultados de los esperados en TP Ferro

La constructora presidida por Florentino Pérez ha llevado al Estado a un tribunal de arbitraje por “la falta de conexión de la Sección Internacional con infraestructuras adyacentes realmente operativas, por la falta de homologación de los trenes, por la no interoperabilidad de la línea Barcelona-Figueras y por la prioridad al tráfico nacional sobre el internacional en la línea Barcelona-Figueras, lo que genera retrasos recurrentes en la Sección Internacional”.

Según ACS, el tráfico real durante este primer año de servicio ha estado muy por debajo a las previsiones realizadas en la oferta en 2003, por lo que la empresa no gana el suficiente dinero como para pagar la deuda asumida por el consorcio TP Ferro a la hora de construir el enlace internacional.

Mientras ACS demanda al Estado, la gala Eifagge, su socia en este proyecto, ha hecho lo propio con Francia. Y es que la joint venture formada por ambas podría llegar en unos meses al concurso de acreedores.

ACS demanda al Estado. ¿Eso qué significa?

Por el momento, la sociedad ha reclamado 85,5 millones de euros al Estado por los  daños sufridos por la afectación al tráfico de la Sección Internacional. Por otra parte, ACS y Eiffage llevan meses negociando con el banco una reestructuración de la deuda pero, de no llevarse a cabo, sería el Estado Español quien tuviera que hacerse cargo del tramo de línea una vez la empresa entrara en la quiebra.

Fuente: El Confidencial.

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