Madrid quiere que el MITMA termine las obras del tren a Navalcarnero

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Unidad 446 de la línea C-5 de Madrid en Móstoles-El Soto, estación desde la que podría continuar hacia Navalcarnero. ZARATEMAN
Unidad 446 de la línea C-5 de Madrid en Móstoles-El Soto, estación desde la que podría continuar hacia Navalcarnero. ZARATEMAN.

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid ha manifestado la intención por parte del gobierno autonómico de ceder al MITMA todas las obras ejecutadas del ferrocarril que iba a unir Móstoles con Navalcarnero para que el Gobierno central las concluya e integre el servicio en la red de Cercanías Madrid.

Ampliación de la C-5

Con este movimiento el Gobierno regional pone la pelota en el tejado del ministerio dirigido por José Luis Ábalos para la reanudación de unas obras en las que se han ejecutado aproximadamente 8 kilómetros de los 14,4 kilómetros que supone la ampliación.

Tal y como se han planteado las obras, la C-5 podría continuar su recorrido a partir de la estación de Móstoles-El Soto o desde la estación de Móstoles, en donde habría que soterrar las vías.

La ampliación del Cercanías hasta Navalcarnero permitiría impulsar el uso del transporte público en la zona y reducir el tráfico de la autovía A-5. En especial por el centro comercial Xanadú, que en 2019 recibió 14 millones de visitantes, de los cuales una mayoría llegaron por carretera.

Obra abandonada por la concesionaria

Este ferrocarril, que aparte de a Navalcarnero también iba a prestar servicio a Parque Coímbra y el centro comercial Xanadú y, por ende, al municipio de Arroyomolinos, se empezó a construir en 2007 durante la burbuja inmobiliaria mediante una concesión a la empresa Cemonasa, filial de OHL.

Sin embargo, la constructora paralizó de forma unilateral las obras en el año 2010, dejando bajo tierra la tuneladora que estaba haciendo uno de los tramos subterráneos. Alegaron discrepancias contractuales. Pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la paralización de los desarrollos urbanísticos de Navalcarnero han podido influir en la decisión de OHL.

En 2017 el Gobierno Autonómico rescindió de forma definitiva el contrato, iniciándose una lucha legal con la concesionaria por las indemnizaciones que tenían que cobrar. La Comunidad pedía una indemnización de 355 millones de euros por haber paralizado el proyecto mientras que la constructora exigía una indemnización de 370 millones de euros por la rescisión del contrato.

Por ahora la batalla judicial la está perdiendo la Comunidad de Madrid ya que la rescisión del contrato y la solicitud de la indemnización se hizo cuando Cemonasa había iniciado la fase de liquidación del concurso mercantil. Y ha tenido que devolver los 15,8 millones depositados por parte de OHL como avales.

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