El Gobierno ha dado luz verde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conceder a Talgo un préstamo convertible de 120 millones de euros, destinado a cubrir la multa de 116 millones impuesta por Renfe por los retrasos en la entrega de 30 trenes Avril.
Esta inyección de fondos, desvelada por ElEconomista.es y no confirmada por fuentes oficiales, allana el camino para que el consorcio vasco, liderado por Sidenor junto al Gobierno Vasco y las fundaciones BBK y Vital, cierre la compra del 29,77% del capital de Talgo actualmente en manos del fondo Trilantic, por 153 millones de euros.
El acuerdo con Renfe incluye un aplazamiento del pago de la sanción, con seis años de carencia: Talgo no comenzará a abonar la multa hasta 2031 y los pagos se extenderán durante los siete años siguientes.
Esta solución ha sido clave para convencer a los bancos acreedores de Talgo, que exigían una aportación de capital adicional y una clarificación sobre la penalización antes de refinanciar la deuda de más de 400 millones que arrastra la compañía.
El lehendakari Imanol Pradales confía en que la operación se cierre en junio, tras meses de negociaciones marcadas por la complejidad financiera y la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. El Gobierno central ha defendido la “españolidad” de Talgo, respaldando la entrada del consorcio vasco y rechazando ofertas extranjeras.