El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible con 174 votos a favor, 170 en contra y cuatro abstenciones, tras un acuerdo in extremis entre el Gobierno y Podemos que refuerza los criterios medioambientales en la ampliación del aeropuerto del Prat.
La norma, clave para el acceso a 10.000 millones de euros de fondos europeos, será ahora remitida al Senado. Lo más probable es que sea rechazada (el PP con mayoría ha votado en contra) y vuelva a tramitarse en la Cámara Baja, donde necesitará 176 votos a favor.
El texto reconoce por primera vez la movilidad como derecho social e incluye planes de movilidad sostenible para empresas de más de 200 empleados, puntos de recarga para vehículos eléctricos, el estudio de la recuperación de los trenes nocturnos hacia Europa y la revisión de etiquetas ambientales de la DGT.
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También obliga al estudio de limitar los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria inferior a dos horas y media, salvo para conexiones internacionales.
La ley se fundamenta en cuatro pilares: movilidad como derecho inclusivo, transporte limpio, sistema digital de datos y mejor inversión pública.
Además, obliga a elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte. El Ejecutivo la considera esencial para modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y garantizar la cohesión social y territorial. Pese a la tensión política, la aprobación marca un hito en el Plan de Recuperación y en los compromisos climáticos internacionales de España.