- El proceso entre el Banco Santander y las empresas de transporte de Lisboa y Portugal sigue abierto.
- El banco reclama el impago, mientras las empresas buscan la anulación del contrato previo.
- La deuda acumulada es, paradójicamente, mucho mayor al riesgo que debían cubrir los swaps.
- Las empresas de transporte de Lisboa y Oporto siguen llenando titulares.
Nuevo juicio por el impago de los swaps que el Banco Santander concedió a Metro de Lisboa, Carris, Metro de Oporto y STCP.
Los swaps del Santander a las empresas portuguesas
El caso se remonta al periodo comprendido entre los años 2005 y 2007, cuando las empresas públicas Metro de Lisboa, Carris, Metro de Oporto y STCP contrataron, de manera independiente, préstamos swaps al Banco Santander.
Todo fue bien hasta el año 2013, cuando las cuatro empresas dejaron de pagar sus cuotas, lo que ha derivado en una deuda total de 1.400 millones de euros, gran parte de los cuales son debidos a los intereses.
Por ello, el Banco Santander llevó a los tribunales ingleses al estado de Portugal y a las cuatro empresas públicas, mientras que éstas han abierto otros procesos en Portugal contra la entidad financiera.
La versión del Banco es que todas las empresas firmaron los contratos con pleno conocimiento, pero el Gobierno portugués defiende que las empresas públicas no tienen capacidad jurídica para pedir préstamos swaps al demostrarse estos de naturaleza especulativa.
¿Qué son los swaps?
Los swaps son contratos financieros entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo a una fórmula preestablecida. Se trata de contratos hechos “a medida”, es decir, con el objetivo de satisfacer necesidades específicas de quienes firman dicho contrato.
Han sido muchas las empresas públicas europeas que han realizado este tipo de acuerdos con bancos para proteger sus préstamos contra la subida de intereses. Lo que se acuerda generalmente es el pago o cobro de dinero dependiendo de la subida o bajada de los intereses.
El problema es que la situación sólo es positiva para el contratante con la subida de los intereses por lo que, desde que empezó la crisis, las bajadas han supuesto millones de pérdidas para las empresas que habían contratado swaps.
El último juicio en Portugal
El último episodio de este proceso que ya dura dos años (y que, previsiblemente, se cerrará en 2016), ha sido el intento de anulación de los contratos por parte de la Asociación para la Transparencia y Democracia en Portugal. Dicha asociación ha llevado al Tribunal Regional de Lisboa a todas las partes para pedir la anulación por “violación de la jurisdicción portuguesa”, pero el Tribunal ha reconocido una cláusula de los contratos en los que dice que cualquier tipo de problema será resuelta por la justicia inglesa, declarándose no competente (es la cuarta vez que se lleva el caso a los tribunales portugueses, siempre con el mismo resultado).
Fuentes: Público.pt, Bloomberg Business y Sol.pt.
