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El Senado argentino aprueba la nacionalización de los ferrocarriles

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  • La iniciativa ya fue aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril.
  • La mayor parte de la oposición apoya la ley de nacionalización de los Ferrocarriles.
  • Desde ahora, la empresa pública Ferrocarriles Argentinos se hace cargo de la gestión del sistema.
La nacionalización de los ferrocarriles argentinos es ley tras obtener la aprobación del Senado. Foto: Mariano Mantel.
La nacionalización de los ferrocarriles argentinos es ley tras obtener la aprobación del Senado. Foto: Mariano Mantel.

El proceso de nacionalización de los ferrocarriles argentinos que ya adelantamos hace tiempo sigue su curso y ya ha obtenido el visto bueno de la Cámara alta argentina, por lo que se convierte en ley.

Apoyo casi unánime en la nacionalización de los ferrocarriles

El pasado día 15 el Senado argentino aprobó el proyecto de ley para la nacionalización de los ferrocarriles casi sin oposición: 53 votos a favor y sólo 2 en contra.

Incluso los partidos que no gobiernan apoyaron la iniciativa al considerar que “reafirma la idea de que el Estado reasume facultades” y supone “una nueva oportunidad”. Para ellos “no tiene sentido subsidiar a las concesionarias”, y es algo positivo que sea la Administración pública quien se haga cargo del sistema ferroviario.

La situación a partir de ahora

La nacionalización de los ferrocarriles argentinos comenzó el pasado 1 de marzo cuando la presidenta Cristina Fernández hizo el anuncio. Después, y antes de obtener el visto bueno del Senado, tuvo que pasar por el Congreso, que le dio el visto bueno. Pero se puede decir que este cambio tuvo su origen en 2012, cuando un grave accidente provocó la renacionalización de la línea Sarmiento.

Sea como fuere, lo cierto es que la nacionalización de los ferrocarriles argentinos se convierte en ley, siendo declarada “de interés público nacional y objetivo prioritario del país”.

A partir de ahora será la nueva empresa pública Ferrocarriles Argentinos la que tendrá el control del sistema ferroviario de pasajeros y mercancías así como la administración de la red.

Es esta nueva empresa pública la que despierta los recelos de la oposición que, aunque ha apoyado la nueva ley, tiene dudas sobre quiénes establecerán los controles administrativos sobre la gestión de la compañía.

 

Fuentes: El Economista, Yahoo Finanzas y La Capital.

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